Vialidad y Poder Político

Una Reflexión Crítica Sobre la Demora de la Corte y el Riesgo de Lawfare en la Democracia Argentina.

 Por el Dr.  Martín Francolino Stagno, jurista especializado en derecho penal

La situación que atraviesa la causa Vialidad, en la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pone en evidencia una vez más las complejas intersecciones entre el derecho penal, la política y las dinámicas sociales en la Argentina. La información que circula en torno a la posible demora en la emisión del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, supuestamente condicionada por el viaje de uno de sus miembros y por un cálculo político que trasladaría la responsabilidad de una eventual detención al ámbito del desafuero legislativo, merece un análisis profundo desde una perspectiva jurídica, pero también desde una visión crítica que no eluda los contextos sociales y las implicancias democráticas de estas decisiones.

El caso Vialidad: un recorrido jurídico

La causa Vialidad, iniciada en 2016, investiga el presunto direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó a la ex presidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, imponiéndole una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024, y el expediente llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja presentado por la defensa de Fernández de Kirchner, que busca revertir la condena, y por el fiscal Mario Villar, quien pide agravarla a 12 años por el delito de asociación ilícita.

La Corte, integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, tiene ante sí la tarea de resolver si las garantías constitucionales de la acusada fueron respetadas, un análisis que, en teoría, no debería revisitar los hechos probados en instancias anteriores, sino evaluar cuestiones de arbitrariedad o violaciones al debido proceso. Sin embargo, el rumor de que el fallo podría demorarse hasta septiembre de 2025, condicionado por factores extrajudiciales como un viaje del juez Rosenkrantz o por la intención de dejar en manos del Congreso un eventual desafuero, plantea serios interrogantes sobre la independencia judicial y el rol del Poder Judicial en un Estado de derecho.

La Corte Suprema y los tiempos judiciales: ¿neutralidad o estrategia?

El derecho penal, en su concepción garantista, exige que los procesos se desarrollen con celeridad, pero también con absoluta imparcialidad. La Corte Suprema, como máximo intérprete de la Constitución, tiene la potestad de tomarse el tiempo necesario para emitir fallos que, por su envergadura, requieren un análisis exhaustivo. No obstante, esta prerrogativa no puede convertirse en una herramienta para eludir responsabilidades o para alinearse con intereses políticos coyunturales. La demora en resolver el caso Vialidad, si responde a motivos como los mencionados, podría interpretarse como una abdicación del rol judicial en favor de cálculos políticos, lo que resulta incompatible con los principios de un sistema republicano.

En este sentido, es pertinente recordar la doctrina de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien ha insistido en que el derecho penal debe ser un instrumento de contención del poder punitivo del Estado, no un mecanismo de persecución política. La selectividad en la aplicación de la justicia, o la percepción de que las decisiones judiciales responden a presiones externas, erosiona la legitimidad del sistema. Si la Corte Suprema opta por postergar su fallo hasta después de las elecciones legislativas de 2025, o si delega en el Congreso la responsabilidad de ejecutar la condena mediante un desafuero, estará enviando un mensaje implícito: que la justicia penal, en casos de alto impacto político, no es autónoma, sino que se somete a las dinámicas del poder.

El desafuero y la dimensión política

El eventual traslado de la decisión sobre la detención de Cristina Kirchner al ámbito del Congreso, a través del mecanismo del desafuero, introduce otro elemento de tensión. La Constitución Nacional, en su artículo 69, establece que los legisladores gozan de inmunidad de arresto, salvo en casos de delito flagrante, y que el desafuero requiere una mayoría calificada en la cámara correspondiente. En el caso de Fernández de Kirchner, quien no ostenta actualmente un cargo electivo, pero podría postularse en las próximas elecciones, la necesidad de un desafuero dependería de si logra una banca antes de que la condena quede firme.

Desde una perspectiva jurídica, el desafuero no debería ser un obstáculo automático para la ejecución de una pena, pero su interposición como variable política transforma el proceso penal en un campo de batalla entre poderes del Estado. Esto resulta particularmente problemático en un contexto de polarización como el que vive la Argentina, donde las decisiones judiciales son interpretadas, tanto por los actores políticos como por la ciudadanía, como actos de lawfare o de persecución selectiva. La postergación del fallo hasta que el Congreso deba pronunciarse podría ser vista como un intento de la Corte de desresponsabilizarse de las consecuencias sociales y políticas de una detención, lo que, lejos de fortalecer la institucionalidad, la debilita al exponer la fragilidad de la separación de poderes.

Las garantías constitucionales en cuestión

Desde el punto de vista del derecho penal garantista, el caso Vialidad presenta varias aristas que merecen un escrutinio riguroso. La defensa de Fernández de Kirchner ha sostenido que se violaron derechos fundamentales durante el proceso, como el derecho a la defensa, la prohibición de ser juzgada dos veces por los mismos hechos (ne bis in idem) y la imparcialidad judicial. Entre los planteos más relevantes está la negativa a realizar un peritaje integral sobre las 51 obras públicas cuestionadas, lo que podría haber arrojado luz sobre la existencia o no de sobreprecios e irregularidades. Asimismo, la recusación de jueces como Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla, aunque rechazada por la Corte, refleja la desconfianza de la defensa en la objetividad del tribunal.

Un jurista de la talla de Zaffaroni insistiría en que el derecho penal debe ser la última ratio, un recurso excepcional que no puede utilizarse para resolver conflictos políticos o para sancionar conductas que, en todo caso, deberían ser abordadas por otras ramas del derecho, como el administrativo. En este sentido, la condena por administración fraudulenta, basada en la supuesta manipulación de licitaciones, plantea preguntas sobre la solidez de las pruebas y sobre si el proceso respetó los estándares de un juicio justo. La Corte Suprema tiene la oportunidad de corregir eventuales arbitrariedades, pero también el riesgo de convalidar un proceso que, para amplios sectores de la sociedad, está viciado por motivaciones extrajudiciales.

Las implicancias sociales y democráticas

Más allá de los aspectos técnicos, el caso Vialidad no puede analizarse sin considerar su impacto en el tejido social y en la confianza ciudadana hacia las instituciones. La Argentina atraviesa una crisis de legitimidad en la que el Poder Judicial es percibido, según diversas encuestas, como uno de los poderes menos confiables del Estado. La demora en resolver un caso de esta magnitud, o la percepción de que la Corte actúa en función de intereses políticos, alimenta la narrativa de un sistema judicial capturado por elites o por agendas partidarias.

Desde mi perspectiva, es crucial entender que el derecho penal no opera en un vacío, sino que está atravesado por relaciones de poder. La selectividad en la persecución penal, que en este caso se dirige contra una figura central del peronismo, contrasta con la lentitud o inacción en otras causas que involucran a actores de diferente signo político. Esta asimetría refuerza la idea de un lawfare regional, un fenómeno que, como ha señalado Zaffaroni, utiliza el derecho como arma para neutralizar adversarios políticos en lugar de garantizar justicia.

Por otro lado, la eventual confirmación de la condena y la detención de Cristina Fernández de Kirchner, especialmente si se produce en un contexto electoral, podrían exacerbar las tensiones sociales. La ex presidenta conserva un núcleo duro de apoyo que interpreta su persecución como un ataque al proyecto político que representó el kirchnerismo. Una resolución judicial que no sea percibida como legítima podría derivar en movilizaciones, conflictos institucionales y una profundización de la grieta política, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad democrática.

 

“En un Estado de derecho, la justicia no puede convertirse en un arma para silenciar a los adversarios políticos, sino en un escudo para proteger los derechos de todos.”

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación enfrenta un desafío mayúsculo: pronunciarse en un caso que trasciende lo jurídico y se inserta en el corazón de la lucha por el poder en la Argentina. Como jurista, considero que el tribunal debe actuar con absoluta transparencia, celeridad y rigor técnico, evitando cualquier sospecha de connivencia con intereses políticos. La demora injustificada, o la delegación de responsabilidades al ámbito legislativo, sería una claudicación inaceptable que pondría en riesgo la credibilidad del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, es imperativo que la Corte examine con detenimiento los planteos de la defensa, asegurándose de que el proceso haya respetado las garantías constitucionales. El derecho penal no puede ser un instrumento de venganza ni de proscripción política; debe ser un mecanismo de justicia que, como enseñó Zaffaroni, limite el poder punitivo y proteja los derechos de todos los ciudadanos, sin distinciones.

En un país donde la justicia es cuestionada y la polarización amenaza la convivencia, la Corte tiene la oportunidad de demostrar que es posible un ejercicio responsable del poder judicial. Pero también corre el riesgo de convertirse en un actor más de un juego político que, lejos de resolver los problemas de la Argentina, los agrava. La decisión que tome en el caso Vialidad no solo definirá el destino de Cristina Kirchner, sino también el rumbo de nuestra democracia. Es hora de que la justicia esté a la altura de las circunstancias.

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