Cuando las Acusaciones redefinen vidas.
En los últimos tiempos, el debate sobre las falsas denuncias en el contexto de la violencia de género ha cobrado una relevancia alarmante. A medida que la sociedad toma mayor conciencia sobre la problemática de la violencia ejercida contra las mujeres, surge la necesidad de examinar con agudeza el fenómeno de las denuncias infundadas. La reciente iniciativa presentada por la senadora Carolina Losada y respaldada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se erige como un intento de establecer un marco más estricto para sancionar tales actos, proponiendo incluso penas de prisión de hasta seis años para quienes, por malicia o venganza, presenten denuncias falsas.
Es fundamental reconocer que, aunque el feminismo ha logrado avances significativos en la lucha por los derechos de las mujeres, ello no debe servir de escudo para prácticas que socavan la credibilidad del movimiento. Las denuncias falsas no solo perjudican a quienes son injustamente acusados, sino que también deslegitiman y arruinan la causa de las verdaderas víctimas de violencia, quienes ya enfrentan suficientes obstáculos para hacerse escuchar y ser creídas. Esta realidad es particularmente dolorosa y devastadora, no solo para los hombres injustamente señalados, sino también para las mujeres que realmente sufren en silencio y que ven comprometido su derecho a la justicia por el abuso de un sistema que se debe proteger.
Cada falsa denuncia representa un acto de traición hacia el sufrimiento real de las mujeres que han padecido violencia. Esta traición no solo se mide en términos de confianza social, sino también en el impacto que tiene sobre la integridad del sistema judicial y, en definitiva, sobre la percepción pública del feminismo. La premisa de “te creo porque sos mujer”, aunque bien intencionada, no debe tener cabida en un estado de derecho, donde cada declaración debe ser evaluada con criterios de veracidad y justicia, independientemente del género. Sin embargo, se ha creado una narrativa peligrosa que considera a la mujer como infalible en sus denuncias, ignora la necesidad de sostener un debido proceso y desatiende el principio de presunción de inocencia que es eje en un sistema judicial funcional.
«Para comprender la gravedad de las denuncias infundadas y su impacto en la sociedad, es instructivo mirar hacia atrás en la historia, particularmente a la época de la Inquisición. En esos oscuros tiempos, muchas mujeres fueron sometidas a juicios ilegítimos, donde la mera acusación podía significar una sentencia de muerte. Juzgadas por la sociedad sin la mínima protección legal, estas mujeres se convertían en víctimas de un sistema que privilegiaba la sospecha y el miedo por encima de la verdad. Aquellas que eran señaladas como brujas eran brutalmente castigadas, con frecuencias atrozmente expuestas en las hogueras o colgadas, sin que se ofrecieran pruebas que respaldaran tales acusaciones. Este sombrío capítulo de nuestra historia resalta la peligrosidad de permitir que el juicio social prevalezca por sobre los principios de justicia y equidad. La lección es clara: la desprotección de la verdad no solo puede llevar a la ruina de inocentes, sino que también devalúa la lucha legitimada de aquellas realmente agredidas.»
Hoy, en un contexto que aún se encuentra en evolución, observamos que algunos hombres también están enfrentando las consecuencias de un sistema que, en su intento por proteger a las víctimas, ha generado un ambiente de acusaciones que pueden ser igualmente devastadoras. Mientras la lucha por la equidad de género avanza, ha surgido una preocupación sobre cómo las denuncias infundadas pueden arruinar vidas y reputaciones, en un escenario donde la presunción de culpa puede primar sobre la inocencia. Así como las mujeres en el pasado fueron víctimas de juicios sociales sin fundamento, hoy hombres inocentes pueden encontrar sus vidas profesionales y personales desmoronadas simplemente por el peso de una acusación que carece de pruebas. Esta realidad no minimiza el sufrimiento que muchas mujeres han enfrentado, sino que nos invita a reflexionar acerca de la necesidad de un equilibrio que garantice justicia para todos. La búsqueda de una sociedad más justa debe contemplar la protección equitativa de los derechos de cada individuo, sin importar su género. La verdadera justicia radica en ofrecer un espacio donde todas las voces sean escuchadas, pero donde también se protejan los principios de verdad y debido proceso, preservando así la integridad del sistema ante cualquier abuso.
Es crucial aclarar que el objetivo de esta legislación no es castigar a las mujeres que denuncian actos de violencia, sino proteger y reivindicar el derecho de las verdaderas víctimas. Las voces que argumentan que una legislación más severa perjudica a las mujeres hacen un flaco favor a las que realmente están en peligro. La verdadera lucha feminista no debe ser utilizada para encubrir la mentira; más bien, debe delinear un camino donde la verdad se sostenga, y las acusaciones se fundamenten con pruebas sólidas. Las políticas de protección a las denuncias realmente legítimas deben coexistir con políticas que repriman el abuso del sistema por parte de quienes, con fines egoístas o vengativos, optan por falsear la realidad.
Los relatos de familias destruidas y vidas arruinadas a raíz de denuncias falsas son un espejo de una problemática que no admite más silencios. Aquellos que han sido objeto de acusaciones sin fundamento no solo sufren un daño irreparable a su honor y reputación, sino que son arrastrados a un círculo vicioso de violencia emocional y social. La desesperación de los afectados nos invita a reflexionar sobre la integridad del sistema judicial y la importancia de avanzar hacia una reformulación que contemple un abordaje equitativo y justo, donde todos los ciudadanos, sin importar su género, sean igualmente protegidos y respetados.
Es momento de hacer un llamado a la responsabilidad compartida en este debate. Las mujeres deben tener el coraje de denunciar la violencia sin caer en la tentación de utilizar estos relatos como armas. A su vez, la sociedad en su conjunto debe esforzarse por eliminar los estigmas que se han instalado respecto a la denuncia de la violencia de género sin comprometer la verdad. La lucha por la igualdad de género requiere un compromiso colectivo para conseguir un entorno donde la justicia no sea manipulada por intereses personales.
Con este telón de fondo, es evidente que las reformas propuestas en el contexto del derecho penal deben enfocarse no solo en el castigo a las falsas denuncias, sino también en fomentar una cultura de responsabilidad y verdad. En un contexto donde, como hemos visto recientemente en casos como el de Wanda Nara y Mauro Icardi, Fabian Gianola, Juan Dhartes y tantos otros, las situaciones personales rápidamente se convierten en escándalos mediáticos, es imperativo adoptar un enfoque más riguroso y consciente que permita restablecer la integridad de las denuncias. La defensa de los derechos de todas las personas, hombres y mujeres, debe ser la línea rectora en esta transición hacia un sistema de justicia más transparente y justo, donde se respete el dolor de quienes alzan su voz en busca de justicia.
