La inminente convocatoria a un paro general este 24 de enero se dibuja en el horizonte político y social argentino como una pieza más dentro del vasto ajedrez que caracteriza la relación entre el Gobierno y los gremios. Las organizaciones sindicales, lideradas por la Confederación General del Trabajo (CGT), levantan así el estandarte de resistencia contra lo que consideran medidas antipopulares del Ejecutivo, particularmente contra la ley ómnibus y el reciente DNU 70/2023.
La huelga, que se desplegará como una manta pesada desde mediodía hasta la medianoche del miércoles, promete paralizar sectores clave de la actividad nacional y, con ello, enviar un mensaje tanto al Gobierno como a la sociedad. En este xilófono de tensiones, cada nota que tocan los sindicatos resuena con una vibración que revela la naturaleza profunda de las negociaciones de poder.
Las bases de esta convocatoria son amplias y heterogéneas. Participan de esta manifestación masiva una diversidad de sindicatos y agrupaciones sociales que hacen eco de un malestar que trasciende las cuestiones meramente laborales. Estamos, quizá, ante una amalgama de descontento que se vale de la coyuntura para plantear un rechazo más integral que sectorial.
Este escenario nos sitúa ante una encrucijada de narrativas. El Gobierno, por su parte, defiende las medidas aseverando que son necesarias para la reactivación económica y la estabilización de la macroeconomía —una posición que, aunque racional desde el discurso oficial, parece no resonar con igual fuerza en los oídos de aquellos que mañana colgarán sus herramientas de trabajo.
La CGT, encabezando este movimiento, no solo ejercita su rol de contralor social sino que también se posiciona como un actor fundamental en el juego político. No es solo una cuestión de medidas; es también una lucha por la hegemonía en la representación de los trabajadores y por el poder de influir en decisiones que alteran el tablero económico del país.
En la acuarela de intereses que se entrecruzan, la ley ómnibus y el DNU 70/2023 se presentan como las gotas que precipitan este aguacero de desaprobación. Se critica al Gobierno por lo que se percibe como una inclinación hacia políticas que, a la luz de los manifestantes, se antojan un retroceso en materia de derechos laborales y un avasallamiento de las garantías sindicales.
En la bisagra de este malestar, no se puede perder de vista la proyección de este paro. ¿Estamos ante un hecho aislado o es el preludio de un nuevo modus operandi en el vínculo entre los trabajadores y las autoridades? La respuesta a tal pregunta podría redefinir el tejido de la política interna y forjar un nuevo derrotero en la ya de por sí compleja trama de la política Argentina.
