» La denuncia de Canosa. Se debe proteger a las victimas no al rating».
Por Martin Francolino, abogado, especialista en derecho penal.
El caso de Viviana Canosa y su denuncia presentada el 15 de abril de 2025 en los tribunales de Comodoro Py, acompañada por su abogado Juan Manuel Dragani, ha generado un revuelo que trasciende el ámbito judicial y se adentra en el terreno de la ética periodística, la manipulación mediática y las posibles agendas ocultas. Desde una perspectiva crítica, este análisis desentraña las complejidades legales, sociales y políticas del caso, con especial atención a la denuncia paralela de la ONG Madres Víctimas de Trata, las acusaciones contra Lizy Tagliani, el rol del controvertido Tim Ballard y las implicancias de figuras como Patricia Bullrich. La pregunta central es: ¿estamos ante un acto genuino para combatir la trata de personas, o es una operación mediática que pone en riesgo investigaciones serias y expone a víctimas por rédito personal? , cual es el verdadero “gato encerrado” que subyace en esta trama, donde los intereses políticos, mediáticos y económicos parecen entrelazarse de manera inquietante.
El 11 de abril de 2025, Viviana Canosa, en su programa Viviana en Vivo (El Trece), lanzó acusaciones explosivas contra Lizy Tagliani, Costa y otras figuras mediáticas, vinculándolas con una presunta “red de trata” de menores. Sin presentar pruebas públicas, afirmó tener evidencia que llevaría a Comodoro Py, originalmente el 16 de abril, pero adelantó la presentación al 15 tras alegar “presiones” recibidas. Acompañada por Dragani, Canosa denunció ante la fiscalía de Carlos Stornelli hechos que incluían “nombres, locaciones y famosos”. La causa, según Dragani, quedó bajo secreto de sumario, aunque reportes posteriores sugieren que esta calificación pudo ser una recomendación del fiscal para evitar contaminación mediática.
Paralelamente, la ONG Madres Víctimas de Trata, liderada por Margarita Meira y patrocinada por los abogados Rodrigo Tripolone y Marcela Cano, presentó una denuncia el 14 de abril en el Juzgado Federal Nº 4, basada en las declaraciones públicas de Canosa. Esta organización, con un historial de lucha contra la explotación sexual, solicitó investigar posibles delitos de trata, citando a Canosa como testigo. La existencia de esta denuncia previa plantea la hipótesis de que Canosa y Dragani podrían haber actuado con conocimiento de la misma, utilizando la exposición mediática para posicionarse como protagonistas, lo que pudo haber alertado a imputados y comprometido la investigación.
El 16 de abril, en TN Central, Canosa y Dragani matizaron sus dichos, afirmando que las acusaciones contra Tagliani fueron “malinterpretadas” y que la denuncia no se centraba en ella, sino en una red más amplia. Esta retractación parcial, junto con la filtración de nombres por parte de periodistas como Tomás Méndez, intensificó las críticas hacia Canosa, quien fue acusada de sensacionalismo y de dañar reputaciones sin pruebas. Tagliani, por su parte, anunció acciones legales por calumnias e injurias, destacando el impacto en su proceso de adopción.
Este enfoque nos invita a examinar el derecho penal no solo como un conjunto de normas, sino como un dispositivo de poder que puede ser manipulado para fines extrajudiciales. Este caso pone en evidencia varias aristas críticas:
El secreto de sumario, regulado en el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación, es una medida excepcional que restringe el acceso a la información de una causa para proteger la investigación, evitar la fuga de imputados o la destrucción de pruebas, y salvaguardar la privacidad de las víctimas. En el caso de Canosa, Dragani afirmó que la denuncia estaba bajo secreto de sumario, lo que justificaba su negativa a brindar detalles. Sin embargo, reportes periodísticos, como los de La Derecha Diario, sugieren que no se trataba de un secreto de sumario formal, sino de una recomendación del fiscal Stornelli para que Canosa y Dragani evitaran hablar con los medios y así no “contaminar” la investigación. Esta distinción es crucial: un secreto de sumario formal requiere una resolución judicial explícita, mientras que una recomendación fiscal es una directiva informal que busca preservar la integridad de la causa sin imponer restricciones legales estrictas.
En la práctica, la invocación del secreto de sumario por parte de Dragani parece haber sido más una estrategia retórica para esquivar preguntas de la prensa que una realidad procesal. La filtración de nombres por parte de Méndez, quien afirmó tener acceso a la denuncia pese al supuesto secreto, refuerza esta hipótesis. Además, las propias declaraciones de Canosa en televisión, previas a la denuncia, contradicen el espíritu de confidencialidad que requiere una investigación de trata. Al ventilar nombres y detalles en un programa de alta audiencia, Canosa no solo comprometió la posibilidad de un secreto de sumario efectivo, sino que también generó un riesgo concreto de alertar a posibles imputados, dificultando la recolección de pruebas. Este manejo irresponsable sugiere que la prioridad no era la justicia, sino el impacto mediático, lo que pone en cuestión la seriedad de la denuncia y la conducta de Dragani como abogado.
La denuncia penal es un derecho y, en casos de delitos de acción pública como la trata (art. 145 bis y ter del Código Penal, Ley 26.364), una obligación ciudadana. Canosa, al afirmar que tenía pruebas de una red de trata, estaba compelida a denunciarlo para evitar incurrir en encubrimiento (art. 277 CP). Sin embargo, su proceder levanta sospechas. Las acusaciones públicas contra Tagliani, Costa y otros, emitidas sin pruebas concretas en un contexto de alta exposición mediática, generaron un linchamiento social que pudo haber saboteado cualquier investigación seria. La trata de personas requiere discreción para proteger a las víctimas y desarticular redes criminales, pero Canosa optó por un enfoque sensacionalista que priorizó el rating sobre la eficacia judicial.
Dragani, como abogado, tenía la responsabilidad de guiar a su clienta hacia un manejo prudente. Su insistencia en que la causa estaba bajo secreto de sumario y su ambigüedad al aclarar que “no se acusó a personas en particular” contrastan con las declaraciones iniciales de Canosa, que sí señalaron nombres específicos. Esta contradicción sugiere un intento de corregir el daño causado por la exposición mediática, pero también pone en duda la solidez de la denuncia. Si Canosa y Dragani sabían de la denuncia previa de Madres Víctimas de Trata, presentada el 14 de abril, su decisión de adelantar la presentación en Comodoro Py, acompañada de un circo mediático, podría interpretarse como una maniobra para capitalizar la atención pública, comprometiendo la investigación de la ONG.
Como testigo en la causa iniciada por Madres Víctimas de Trata, Canosa enfrenta un riesgo significativo por falso testimonio (art. 275 CP), que castiga con 1 a 4 años de prisión a quien declare falsamente sobre hechos relevantes. Sin embargo, si en su denuncia en Comodoro Py Canosa nombró explícitamente a Tagliani como imputada en una causa penal por delitos graves como trata o abuso de menores, podría enfrentar una pena más severa, que prevé hasta 10 años de prisión cuando se otorga un falso testimonio a un imputado en causa penal. Según Infobae, la denuncia de Canosa incluye “nombres y locaciones” de figuras mediáticas, lo que sugiere que Tagliani podría estar mencionada. Si estas acusaciones no se sustentan con pruebas, Canosa no solo arriesga una condena por falso testimonio en la causa de la ONG, sino también una querella por calumnias iniciada por Tagliani, quien ya envió una carta documento por los dichos en televisión.
La retractación parcial de Canosa en TN Central, donde afirmó que sus dichos sobre Tagliani fueron “malinterpretados”, podría ser un intento de mitigar este riesgo legal. Sin embargo, esta estrategia es frágil: si la denuncia escrita en Comodoro Py incluye a Tagliani, las declaraciones públicas posteriores no anulan la imputación formal, y la justicia evaluará la veracidad de las pruebas aportadas. Dragani, por su parte, podría enfrentar sanciones éticas si se demuestra que permitió o alentó una denuncia sin sustento, violando su deber de diligencia profesional.
La ONG Madres Víctimas de Trata, con sede en Morón y un historial de trabajo contra la explotación sexual, actuó de oficio al presentar su denuncia el 14 de abril, basada en los dichos públicos de Canosa. Esta acción, patrocinada por los abogados Tripolone y Cano, fue reportada por medios confiables y está registrada en el Juzgado Federal Nº 4. La citación de Canosa como testigo en esta causa la obliga a ratificar sus acusaciones bajo juramento, lo que aumenta la presión sobre la veracidad de sus dichos. Si Canosa no puede aportar pruebas, la investigación de la ONG podría diluirse, dejando a las víctimas mencionadas en un limbo judicial y expuestas a represalias.
La existencia de esta denuncia previa plantea una hipótesis inquietante: si Canosa y Dragani sabían de la acción de la ONG, su decisión de presentar una denuncia paralela con gran exposición mediática pudo haber sido un acto deliberado para desviar la atención o posicionarse como líderes de una “cruzada moral”. Esto no solo habría comprometido la confidencialidad de la investigación de Madres Víctimas de Trata, sino que también podría haber puesto en riesgo a las víctimas, cuya seguridad depende de la discreción. La Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) también abrió una investigación preliminar de oficio, lo que indica que el sistema judicial tomó nota de la gravedad de los dichos de Canosa, pero las causas se unifican en un solo juzgado y eso será clave para evitar dispersiones.
Un elemento central en esta trama es la figura de Tim Ballard, exagente de la CIA y fundador de la ONG Operation Underground Railroad, cuya reputación está marcada por controversias. Ballard, inspirador de la película Sound of Freedom, se presentó como un luchador contra la trata, pero enfrenta múltiples denuncias por acoso, abuso y conducta indebida en Estados Unidos, lo que lo llevó a ser expulsado de su propia organización. Canosa reveló que se reunió con Ballard un mes y medio antes de su denuncia, afirmando que le proporcionó información sobre el caso Loan Peña y redes de trata en Argentina. Según María O’Donnell, Ballard intentó vender un software al gobierno argentino durante el caso Loan, pero Patricia Bullrich, tras investigar su historial, rechazó reunirse con él, considerándolo poco confiable.
La conexión con Ballard introduce una figura penal potencial: si Canosa basó su denuncia en información proporcionada por él sin verificar su veracidad, podría incurrir en una violación del deber de diligencia al presentar una denuncia penal. Peor aún, si Ballard actuó como un operador con intereses económicos o políticos, Canosa podría haber sido instrumentalizada en una campaña de desprestigio internacional. Para Bullrich, la figura penal no aplica directamente, pero su decisión de no recibir a Ballard refuerza la percepción de que el exagente carece de credibilidad. Sin embargo, Canosa utilizó este rechazo para criticar a Bullrich, acusándola de inacción en el caso Loan, lo que añade un tinte político a sus denuncias.
El “gato encerrado” en este caso, radica en la confluencia de intereses mediáticos, políticos y económicos que Canosa parece haber aprovechado, consciente o no. La participación de Ballard sugiere un intento de importar narrativas sensacionalistas de “redes de pedofilia” al estilo estadounidense, posiblemente para promover su software o agenda personal. La filtración de nombres por parte de Méndez, junto con la ambigüedad de Dragani, apunta a una operación mediática coordinada que beneficia a Canosa en términos de rating y relevancia, pero a costa de la credibilidad judicial y la seguridad de las víctimas. Además, la denuncia de Canosa podría estar sirviendo como cortina de humo para desviar la atención de su propia denuncia por tráfico de influencias, (a esta altura prescripta), relacionada con el uso de contactos políticos para sortear trámites legales en 2011. Este entrelazamiento de agendas personales, mediáticas y políticas es el verdadero trasfondo que explica la espectacularización del caso.
El sistema penal es a menudo un escenario para disputas de poder que perjudican a los más vulnerables. La denuncia de Canosa, al ser ventilada públicamente antes de su presentación formal, generó una victimización secundaria de posibles víctimas de trata, cuya exposición mediática las pone en riesgo de represalias. La reacción de Tagliani, quien denunció el daño a su honor y su proceso de adopción, evidencia las consecuencias colaterales de acusaciones sin pruebas. La denuncia de la ONG, aunque bien intencionada, también podría contribuir a esta victimización si no se manejó con la reserva necesaria.
El caso refleja una crisis en la intersección entre medios y justicia. El show de denuncias penales banaliza el sufrimiento de las víctimas y erosiona la confianza en el sistema judicial. Canosa, con 34 años de trayectoria, tiene una responsabilidad agravada por su influencia. Sus acusaciones, envueltas en un discurso moralizante, evocan el llamado “populismo punitivo”, manipulando la indignación social para fines personales. La reacción de Tagliani y otros señalados, como Florencia Peña, pone de manifiesto el daño irreparable de acusaciones infundadas.
El caso de Viviana Canosa y Juan Manuel Dragani es un ejemplo de cómo el derecho penal puede ser utilizado como arma mediática, con graves consecuencias para la justicia y las víctimas. La invocación del secreto de sumario, la sombra de Tim Ballard y la posible instrumentalización de la denuncia sugieren que el objetivo no era combatir la trata, sino generar impacto público. Si Canosa sabía de la denuncia de Madres Víctimas de Trata, su proceder fue irresponsable; si nombró a Tagliani sin pruebas, enfrenta un riesgo penal severo por un lado, y leve por el otro. El “gato encerrado” está en la confluencia de intereses que aprovechan el dolor de las víctimas para fines espurios. El derecho penal debe proteger a los vulnerables, no ser un escenario para el espectáculo. La justicia, las víctimas y la sociedad merecen más que titulares sensacionalistas. Esperemos que estas denuncias de ser verdad, lleguen a buen puerto, pero el aviso anticipado de los hechos, puso claramente en riego ese resultado.
