Por Martin Francolino
La política argentina vuelve a quedar manchada por un escándalo que revela la cruda realidad detrás de los discursos de campaña. En medio de una investigación por fraude y funciones incompatibles con la función pública, que involucra al ex presidente y la contratación directa de seguros en favor del esposo de su secretaria privada, surge un nuevo y perturbador capítulo: la violencia de género dentro de la residencia presidencial.
Chats revelados tras el secuestro del celular de la secretaria del ex presidente, Alberto Fernández, han sacado a la luz un testimonio desgarrador de Fabiola Yañez, ex primera dama. Según los mensajes, Yañez relataba el calvario que vivía, sufriendo violencia física a manos de su esposo. Lo más inquietante es la reacción de la secretaria, quien minimizaba los golpes y justificaba el comportamiento de Fernández, alegando que atravesaba un momento de mucha tensión.
¿Dónde queda entonces el discurso de un gobierno que se jactó de defender los derechos de la mujer? El mismo gobierno que pintó un futuro apocalíptico bajo la posible presidencia de Javier Milei, tildándolo de misógino, ahora se ve atrapado en su propia red de contradicciones. La hipocresía es evidente. Aquellos que se autoproclamaron defensores a ultranza de los derechos de las mujeres ahora son desenmascarados, poniendo en riesgo los avances que con tanto esfuerzo se habían conseguido.
Lo más indignante es que, debido a esta hipocresía, los derechos alcanzados están en peligro. Espacios de contención para mujeres víctimas de violencia, que antes servían como refugio seguro, ahora están manchados por la complicidad silenciosa que rodeó a Fabiola Yañez. Nadie la ayudó, y el aparato estatal que debería haberla protegido se convirtió en una herramienta de control y represión, garantizando la impunidad del ex presidente.
La competencia federal en la investigación está más que justificada. Aunque las lesiones en el marco de la violencia de género son, en principio, un delito de competencia ordinaria, es evidente que Alberto Fernández utilizó su posición para garantizar su impunidad y cercar a su esposa. La custodia que debía protegerla de peligros externos se transformó en un mecanismo para restringir su libertad, imponiendo un cerco de vigilancia que solo respondía a los deseos del perverso ex presidente.
Esperamos que la justicia actúe con todo el peso de la ley, no solo para castigar el abuso de poder y la corrupción, sino también para enviar un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, y ningún recurso del Estado debe ser usado para oprimir o silenciar a las víctimas de violencia.
Delitos y penas: La responsabilidad penal del ex presidente.
Los hechos denunciados, en los cuales se acusa a Fernández de haber ejercido violencia física sobre su esposa, Fabiola Yañez, no solo revelan un comportamiento abominable, sino que también configuran una serie de delitos graves según el Código Penal argentino.
Primero, es fundamental encuadrar penalmente los actos de “violencia de género” denunciados. Los golpes y maltratos que, según los chats filtrados, Fernández habría infligido a Yañez, pueden ser tipificados como lesiones graves, agravadas tanto por el vínculo matrimonial como por haber sido cometidas bajo un claro abuso de poder y autoridad. El artículo 90 del Código Penal prevé penas de prisión de uno a seis años para las lesiones graves. Sin embargo, al tratarse de un caso de violencia de género y dadas las circunstancias agravantes, estas penas podrían elevarse considerablemente.
Además, la situación se agrava aún más si consideramos que estas lesiones habrían sido infligidas en un contexto de abuso de poder, aprovechando la investidura presidencial. Esta circunstancia podría ser considerada un agravante adicional, lo que lleva a contemplar penas más severas dentro del marco legal.
Otro delito que podría surgir de esta situación es el de amenazas coactivas, tipificado en el artículo 149 ter del Código Penal. Si se demuestra que Fernández, además de las agresiones físicas, ejerció control sobre la libertad de Yañez, intimidándola o impidiendo su acceso a ayuda y protección, las penas podrían oscilar entre seis meses y cuatro años de prisión.
Pero los cargos no terminan aquí. Dado que Yañez estaba bajo una vigilancia constante, presuntamente para su “protección,” pero que en realidad podría haber sido un mecanismo para restringir su libertad, es posible considerar la existencia de un delito contra la libertad personal. Esto nos lleva a plantear si no estamos ante un caso de reducción a la servidumbre o privación ilegítima de la libertad, tipificados en los artículos 140 y 142 del Código Penal, con penas que van desde cinco hasta quince años de prisión.
El hecho de que el ex presidente pudiera haber utilizado recursos y personal del Estado para controlar y restringir la libertad de su esposa plantea un panorama aún más oscuro. Se trataría de un abuso del poder y de los recursos públicos para garantizar su impunidad, una conducta que no solo es moralmente reprochable, sino que también es jurídicamente punible.
En este caso, es crucial que la justicia actúe con firmeza y celeridad. Las penas que podrían enfrentar quienes resulten responsables no son menores, y las consecuencias legales de sus actos podrían llevar a años de prisión. Pero más allá de las sanciones, este caso debe servir para reafirmar el principio de que nadie está por encima de la ley, y que la violencia de género, en cualquiera de sus formas, no será tolerada, venga de quien venga.
Si Fabiola Yañez consigue que declaren los custodios y estos dicen que efectivamente tenían que avisarle a Alberto cada vez que ella se movía, que le digitaba la vida con recursos del Estado, está en problemas muy graves!
“Podemos ponerle todo el código, y los fiscales quieren ponerle todo el código encima, porque podría existir también tentativa de homicidio por la persona por nacer”.
La justicia tiene la responsabilidad de esclarecer estos hechos y aplicar todo el rigor de la ley, no solo para castigar el abuso de poder, sino también para proteger los derechos de las víctimas y garantizar que situaciones como esta no se repitan.
Eso si, ahora todo el mundo hace leña del árbol caído. Consiguió que se unieran los k y los libertarios en el odio hacia Alberto Fernandez.
En fin, la hipocresía.
