«El kirchnerismo y sus socios usaron a los jubilados para su vieja receta de desestabilizacion.»
Ayer, la Plaza del Congreso fue nuevamente el escenario de un espectáculo que ya conocemos de memoria. Jubilados, hinchas de fútbol, sindicalistas y militantes de izquierda se juntaron en una marcha que, según dicen, era para defender los derechos de los mayores. Pero lo que vimos no fue una protesta pacífica ni un grito desesperado de justicia. Fue, una vez más, el kirchnerismo y sus socios jugando su carta más vieja y gastada: la búsqueda de un mártir, un Kosteki, un Santillán, un Nahuel o un Maldonado, para convertirlo en estandarte político y agitarlo contra un gobierno que no les gusta. Como abogado penalista que ha visto este circo demasiadas veces, no puedo evitar analizar el trasfondo legal y político de lo que pasó ayer con una mezcla de indignación y hastío.
La marcha comenzó como tantas otras: jubilados reclamando por el ajuste en sus haberes, una causa que podría ser legítima si no estuviera teñida de oportunismo. Pero el guion cambió rápido. Hinchadas de fútbol, desde Boca y River hasta clubes de ascenso, se sumaron al convite con cantitos, palos y piedras. La Policía, bajo el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, respondió con gases, balas de goma y carros hidrantes. El saldo: 20 manifestantes heridos, 26 efectivos lesionados, un fotógrafo en grave estado y más de 150 detenidos, casi todos liberados horas después. La Plaza del Congreso quedó como un campo de batalla, con contenedores quemados, patrulleros destrozados y el olor a gas lacrimógeno impregnando el aire.
¿Casualidad? No lo creo. Esto huele a una operación armada con precisión quirúrgica. El kirchnerismo, que sabe que perdió la calle y que su base de planes sociales ya no responde como antes, encontró en los jubilados un nuevo caballo de Troya. Sumaron a los barras bravas, esos mismos que históricamente han sido sus aliados en las sombras, y a sectores de la izquierda dura que siempre están listos para el choque. El objetivo no era negociar una mejora en las jubilaciones ni sentarse a dialogar. Era generar caos, provocar una reacción del Estado y, con un poco de suerte, conseguir un muerto que puedan colgar como bandera para gritar «represión» y «dictadura».
Desde el punto de vista del derecho penal, lo que pasó ayer es un manual de delitos contra el orden público. Comenzando por el artículo 194 del Código Penal, hasta la intimidacion publica del articulo 211, la incitacion a la violencia colectiva del 212 y el atentado al orden constitucional y la vida democratica del articulo 226bis del Codigo. Cortar calles, tirar piedras, quemar patrulleros y atacar a la Policía no es «ejercicio de la protesta». Es delito liso y llano. Y no me vengan con el cuento del «derecho a manifestarse». La Constitución lo protege, sí, pero no avala la violencia ni el vandalismo. La línea entre la libertad de expresión y el caos la cruzaron los manifestantes, no las fuerzas de seguridad.
El Ministerio de Seguridad informó que se incautaron armas «tumberas», cartuchos de escopeta y cuchillos. ¿Qué hacían esos elementos en una marcha «pacífica» por los jubilados? La respuesta es obvia: no estaban ahí para defender a los abuelos, sino para escalar el conflicto. Y cuando la Policía respondió, como era su deber, los mismos que tiraron la primera piedra salieron a llorar victimización. Es el libreto de siempre: provocar, resistir, y después acusar al Estado de «represor».
El trasfondo político: la necrofilia kirchnerista
Pero vayamos más allá del Código Penal y miremos el juego político. El kirchnerismo tiene una obsesión necrofílica con los mártires. Lo vimos en 2001 con Kosteki y Santillán, en 2017 con Santiago Maldonado, en 2020 con Facundo Astudillo Castro. Cada vez que necesitan recuperar terreno, buscan un cadáver para enarbolar. No les importa la verdad judicial –muchos de esos casos terminaron desinflados por falta de pruebas–, sino la narrativa. Un muerto es un símbolo, un arma para deslegitimar al adversario y movilizar a las bases. Ayer, por suerte, no lo consiguieron, pero el fotógrafo Pablo Grillo, herido gravemente en la cabeza, estuvo a punto de serlo. Si su estado hubiera empeorado, ya tendríamos a Cristina Kirchner tuiteando condolencias y a Axel Kicillof hablando de «atropellos a la democracia».
El gobierno de Javier Milei, con sus aciertos y errores, les da el combustible perfecto. El ajuste pega duro en los jubilados, es cierto. La inflación sigue siendo un monstruo que devora los ingresos fijos, y los recortes en medicamentos y servicios del PAMI son un golpe bajo. Pero el kirchnerismo no tiene autoridad moral para subirse a ese reclamo. Durante sus años en el poder, las jubilaciones perdieron valor real, las moratorias fueron una bomba de tiempo fiscal y los fondos de la ANSES se usaron como caja chica. Ahora, desde la oposición, fingen ser los paladines de la tercera edad mientras mandan a los barras a romper todo. Hipocresía pura.
Del otro lado, el gobierno no sale indemne. La estrategia de Bullrich, con su «ley y orden», es un mensaje claro: no van a ceder la calle. Pero la represión, aunque legalmente justificada ante los disturbios, les da a los opositores la foto que querían. Los gases lacrimógenos y las balas de goma contra jubilados –aunque fueran pocos entre la turba– son imágenes que pegan mal. Milei y su equipo deberían saber que, en este juego, la batalla no es solo jurídica o de seguridad, sino simbólica. Cada operativo es una oportunidad para que el kirchnerismo grite «dictadura». Y aunque los barras y los militantes sean los que empiecen el fuego, el gobierno termina pagando el costo político.
Ayer no vimos una marcha por los jubilados. Vimos una puesta en escena del kirchnerismo y sus satélites para recuperar el control de la narrativa y desgastar a un gobierno que, con sus defectos, intenta romper el statu quo. Los jubilados, usados como excusa, terminaron siendo extras en una película donde los verdaderos protagonistas son los mismos de siempre: los que viven de la polarización, los que necesitan un muerto para seguir existiendo políticamente.
Como abogado, digo: que se investigue, que caiga la ley sobre los violentos y que se respete el orden. Basta de este circo macabro. Argentina merece debates serios sobre las jubilaciones, no escaramuzas callejeras ni mártires fabricados. Pero mientras el kirchnerismo siga aferrado a su manual de los ’70, y mientras el gobierno no aprenda a desarmar esa trampa sin caer en ella, seguiremos atrapados en este loop eterno de piedras, gases y oportunismo. Ayer no ganó nadie. Perdimos todos.
