Ayer, las calles de Buenos Aires se vieron inundadas de colores, consignas y banderas que representan la lucha histórica del colectivo LGTB+. La Marcha del Orgullo, un evento que año tras año reivindica la diversidad y los derechos de una comunidad históricamente marginada, congregó a miles de personas bajo un mismo lema: la visibilidad y la igualdad. Sin embargo, como en toda manifestación masiva, no tardaron en aparecer actores políticos y sociales que, bajo la bandera de la inclusión, buscaron capitalizar el evento para sus propios intereses. Entre ellos, el Polo Obrero, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), movimientos que, si bien tienen una base legítima de reivindicación social, no deben confundir la lucha por los derechos LGTB+ con una oportunidad para desgastar al oficialismo de Javier Milei.
«No hay que confundir marcha con oportunismo político», una frase que resuena con fuerza en este contexto. La presencia de estos grupos, junto a figuras como Florencia de la V, quien ha mantenido una relación tensa con el gobierno de Milei, plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos ante una genuina defensa de los derechos LGTB+ o ante una instrumentalización de la causa para fines ajenos a ella?
Un elemento que no puede pasarse por alto en la edición más reciente de la Marcha del Orgullo es la adición del término «antifascista» a su nombre. Este cambio, aparentemente sutil, no es menor: refleja una clara politización del evento y una apropiación de la causa LGTB+ para fines que trascienden la lucha por los derechos de la comunidad. Históricamente, la Marcha del Orgullo se ha centrado en la visibilidad, la igualdad y la celebración de la diversidad sexual y de género. Sin embargo, al incorporar el adjetivo «antifascista», se introduce un componente ideológico que, si bien puede ser legítimo en otros contextos, corre el riesgo de desdibujar el propósito original de la marcha.
Este giro no es inocente. En un clima político polarizado, donde el término «fascista» se utiliza con frecuencia como arma arrojadiza contra oponentes ideológicos, la inclusión de esta etiqueta en el nombre de la marcha parece responder más a una estrategia de confrontación partidaria que a una genuina ampliación de la lucha LGTB+. «El antifascismo, como bandera, tiene su lugar en la discusión política, pero no debe ser impuesto sobre una causa que trasciende ideologías», una reflexión necesaria en este contexto. La comunidad LGTB+ es diversa en su composición política, y reducir su lucha a un solo espectro ideológico es, en el mejor de los casos, reduccionista, y en el peor, una forma de exclusión.
Este cambio en la denominación de la marcha es un claro ejemplo de cómo una causa social puede ser instrumentalizada para fines políticos. Si bien es cierto que muchas de las reivindicaciones LGTB+ chocan con discursos y políticas conservadoras o autoritarias, la introducción del término «antifascista» parece más un intento de alinear la marcha con una agenda política específica que una ampliación natural de sus objetivos. «La lucha por los derechos de igualdad no debe ser secuestrada por ningún sector político», una advertencia que parece más necesaria que nunca en este contexto.
La incorporación del término «antifascista» a la Marcha del Orgullo plantea preguntas incómodas sobre los límites entre la reivindicación social y la instrumentalización política. Mientras celebramos los avances en materia de derechos LGTB+, es crucial mantener la marcha como un espacio inclusivo y plural, libre de etiquetas que puedan dividir o excluir a quienes deberían ser sus principales protagonistas: la comunidad LGTB+ en toda su diversidad.
Es fundamental entender que los derechos humanos, incluidos los de la comunidad LGTB+, son universales e inalienables. Una critica al sistema penal como abogado especialista en la materia es que «el derecho debe ser una herramienta de liberación, no de opresión». En este sentido, la Marcha del Orgullo representa un acto de resistencia frente a un sistema que, históricamente, ha criminalizado y medicalizado las identidades disidentes. Sin embargo, cuando actores políticos utilizan esta lucha para sus propios fines, se corre el riesgo de vaciar de contenido las reivindicaciones originales, transformando una causa justa en un mero instrumento de confrontación partidaria.
Florencia de la V, una figura emblemática de la comunidad LGTB+, ha sido clara en su oposición al gobierno de Milei. Si bien su activismo es legítimo, su participación en la marcha no puede ser vista como un mero gesto de apoyo a la causa. En un contexto de polarización política, su presencia adquiere un matiz distinto, especialmente cuando se enmarca en una estrategia más amplia de desgaste al oficialismo. Esto no significa que su lucha carezca de validez, sino que debe ser analizada con cuidado para evitar que la causa LGTB+ sea instrumentalizada.
Por otro lado, la presencia del Polo Obrero, ATE y la CCC en la marcha plantea una tensión similar. Estos movimientos, que históricamente han luchado por los derechos de los trabajadores y los sectores más vulnerables, tienen una base legítima de acción. Sin embargo, su participación en un evento como la Marcha del Orgullo debe ser vista con escepticismo cuando sus objetivos parecen más alineados con la confrontación política que con la defensa de los derechos LGTB+. «La lucha por la igualdad no puede ser secuestrada por intereses partidarios», una máxima que debería guiar cualquier análisis sobre este tema.
En este sentido, es crucial diferenciar entre la marcha como acto de reivindicación y la marcha como escenario de oportunismo político. La primera es una expresión legítima y necesaria en una sociedad democrática; la segunda, un intento de capitalizar el dolor y la lucha de una comunidad para fines ajenos a ella.
Es imprescindible señalar que «la política no puede ser un parásito de las causas sociales». La Marcha del Orgullo debe ser un espacio libre de instrumentalización, donde la comunidad LGTB+ pueda expresarse sin ser utilizada como moneda de cambio en la batalla política.
Mientras celebramos los avances en materia de derechos LGTB+, no debemos perder de vista los riesgos que supone la politización excesiva de estas luchas. La Marcha del Orgullo es, ante todo, un acto de resistencia y visibilidad, no un escenario para la confrontación partidaria. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de protegerla de aquellos que buscan aprovechar su fuerza para fines ajenos a la causa. «La verdadera igualdad no se construye sobre el oportunismo, sino sobre la justicia y el respeto mutuo».
