El caso Uma, una tragedia que clama justicia

La noticia nos golpea como un puñado de sal en la herida perpetua de la inseguridad que azota a la Argentina: Uma, apenas una niña de 9 años, víctima inocente de la cruel violencia que marca el pulso de una sociedad enferma de miedo, ha muerto. El relato es escalofriante: una bala, sin nombre pero con dirección, atravesó la inocencia de la infancia que jugaba a estar a salvo en los brazos de una familia que hoy llora lo irreparable.
No estamos hablando de cualquier niña, aunque eso no aminora la tragedia; ninguna vida tiene más peso que otra. Pero Uma era hija de un oficial de la Policía Federal, custodio de la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Si la tragedia puede rozar tan de cerca a los encargados de velar por nuestra protección, ¿qué queda para el ciudadano común, cuyo único blindaje es la esperanza, cada vez más delgada, de que no le toque ser el protagonista de la próxima noticia funesta?
En este oscuro escenario, es necesario levantar la voz. No para gritar consignas vacías, sino para exigir un basta ya al garantismo desmedido que algunos pretenden imponer, desdibujando la delgada línea entre la defensa de los derechos humanos fundamentales y la impunidad que acecha al grito de un falso progresismo.
El garantismo, tal como fue pregonado por figuras como Eugenio Zaffaroni, propone un panorama ideal en el que los derechos de los acusados deben ser siempre la brújula que guíe el proceso penal. Sin embargo, esta visión, aunque noble en sus propósitos, parece a menudo desconectada de la cruel realidad de las calles. Los derechos de los criminales no pueden sobrepasar los derechos de las víctimas y ciudadanos honestos que, día a día, se esfuerzan por construir un país mejor y más seguro.
Es momento de preguntar: ¿Dónde está el garantismo para las víctimas? ¿Dónde están las garantías para Uma y para miles de ciudadanos que sufren el hachazo de la violencia?
Nuestro sistema de justicia necesita reequilibrarse. El garantismo no debe ser sinónimo de puertas giratorias para delincuentes ni de un sistema penal que muestra más eficacia en liberar que en rehabilitar o disuadir. Se requeriría una evaluación seria y profunda de las políticas de seguridad y justicia penal, donde la vida y la seguridad de los ciudadanos sean la prioridad indiscutible.
La muerte de Uma debería conmovernos a la acción y a la reflexión. No podemos permitir que el debate sobre la seguridad y la justicia se estanque en las orillas de la ideología. Necesitamos un diálogo constructivo, pruebas y resultados que hablen por sí solos, y sobre todo, un compromiso inquebrantable con la justicia y la protección de todos los ciudadanos, en cada rincón de la nación.
Que el clamor por justicia de Uma y su familia no se apague en el eco de la rutina diaria. Que su memoria nos impulse a reclamar y trabajar por un país donde tales tragedias sean la excepción, y no una nota al pie en la crónica diaria de la inseguridad.